22 May. 2011

No se llega si no se sabe a dónde ir

Oscar A. Bottinelli

El Observador

No se llega a ningún lado si no se sabe a dónde se quiere ir y tampoco se llega si no se sabe por dónde hay que ir ni cómo y en qué. La izquierda uruguaya en su conjunto no tiene claro cuál es realmente su objetivo en materia de revisión del pasado, o de saldo de las deudas del pasado, que como elemento central tiene la investigación de y el juzgamiento por delitos graves o de lesa humanidad cometidos desde el Estado, o desde fuerzas estatales, durante el periodo de facto o dictadura.


La historia de la izquierda es oscilante. Desde los llamados de Seregni a construir el futuro y no pasar escarbando en el pasado, hasta los impulsos –con mucha fuerza en estos últimos meses- por no dejar cerrado el pasado. Cuando se está fuera del poder, no solo en la oposición sino sin ninguna pretensión de incidencia real en las decisiones, se pueden adoptar objetivos contradictorios. Cuando se está en el poder, en la incidencia en las decisiones, los objetivos deben estar perfectamente definidos. Si se sale de lo formal -las decisiones del Plenario Nacional y se va a lo real -posiciones de líderes, acciones de gobernantes, parlamentarios y dirigentes, más los pronunciamientos orgánicos- hay mucha contradicción de objetivos. No es claro si se quiere ir en verdad a la investigación de todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos, o a algunas (las más importantes, que implica determinar cuáles son) o a unas pocas; si además de investigar se quiere juzgar y además si lo que se busca en realidad es el castigo de los responsables o de los ejecutores (que no es necesariamente lo mismo). Tampoco es claro cuánto del pasado se quiere remover y cuánto se quiere dejar tranquilo. Es clara la conducta de algunos sectores políticos, invariable a lo largo de más de dos décadas, como el Partido por la Victoria del Pueblo y el michelinismo. De los demás, hay muchas posturas y muchos cambios, tanto en lo discursivo como en lo actitudinal. Son muy obvios los cambios de importantes figuras frenteamplistas habidos entre el 2 de abril y los primeros días de mayo. Entonces, lo primero es cuál es en realidad el objetivo que persigue el Frente Amplio como conjunto. Y de paso, tener idea de qué piensa el millón largo de frenteamplistas y simpatizantes, que son más que la decena de miles de militantes.

Para definir un objetivo no hay que confundir objetivo con instrumento. La anulación de la Ley de Caducidad nunca puede ser un objetivo final, siempre es una herramienta para un objetivo. Antes de hablar de anulación o lo que fuere, la pregunta que debe contestarse, por todos, por el colectivo, en lo formal pero en lo profundo, que se traduzca en acciones en que todos estén convencidos, es: qué cosas se persiguen, qué se quiere lograr.

Muchas veces también se confunden consignas con objetivos. Anular la Ley de Caducidad es una consigna que hace vibrar a quienes se sitúan en una línea intransigente en la materia. Pero la anulación, rechazada por la ciudadanía como norma constitucional, no cabía en el ordenamiento jurídico y una ley con ese objetivo, como la que no prosperó el viernes, iba derecho a su declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia y, por ende, a su inexistencia real. Lo que hizo la abstención de Semproni no fue impedir la anulación de la Ley de Caducidad sino el evitar que la batalla político-movilizatoria continuase contra la Suprema Corte como blanco; evitó la politización de un tema judicial. Se sacralizó el instrumento sin definir con exactitud el objetivo y analizar toda la batería de instrumentos posibles para alcanzar esos resultados.

No solo la izquierda fue víctima de la sacralización del instrumento y el camino, sino también de la generación de consignas desde las altas autoridades: “La imagen del Uruguay está afectada por la Ley de Caducidad” ¿Y la de Sudáfrica, la de Mandela, que hizo un borrón y cuenta nueva en toda regla, que puso como vicepresidente de la República al saliente presidente del régimen del apartheid? ¿Qué voz osó levantarse en el mundo para condenar a Mandela como cómplice de la impunidad? Pero además, si eso empaña la imagen del país ¿por qué el Frente Amplio nunca impulsó la derogación de la Ley? 

Entonces, si se sale de las consignas, si se tiene claro el objetivo, se observa que hay muchos caminos abiertos dentro de la institucionalidad y la lógica democrática:

Uno. Derogar (hacia adelante) la Ley de Caducidad, en sustancia declarada  inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y en los hechos letra muerta; en tal sentido hay una propuesta de varios legisladores herreristas hecha en marzo del año pasado; no se sale del ordenamiento jurídico y no contraviene el veredicto popular de 2009, que se pronunció en contra de la anulación, es decir, de algo que tuviese efectos hacia el pasado.

Dos. Que el Poder Ejecutivo revoque todas las resoluciones administrativas que incluyeron casos en la Ley de Caducidad, con lo que abre la puerta a que esos juicios se reanuden. Hay una opinión dominante en los juristas de que a nivel judicial no hay cosa juzgada sino archivo administrativo de los casos, pero en última instancia será una decisión judicial y no política; el tema sale de la política.

Tres. Que todos los que se consideren afectados aprovechen los cinco meses que quedan para que opere la prescripción de delitos graves, que será el 1° de noviembre. Es un plazo perfectamente utilizable si hay voluntad de utilizarlo.

Cuatro. Que continúen o se reanuden excavaciones en pos de restos humanos y se intensifique la identificación de restos encontrados; esta acción no colide en absoluto con la Ley de Caducidad y comenzó a ejecutarse en plena vigencia de dicha ley bajo la administración Vázquez

Cinco. Dado la declaración de inconstitucionalidad de la ley, el Poder Ejecutivo puede impulsar todas las investigaciones administrativas que considere pertinentes sobre todo lo que quisiere investigar del pasado.