30 Oct. 2011

Si los dioses protegen a los jueces

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Toda transición de una dictadura a una democracia deja temas pendientes, y esos temas son más difíciles si la salida de la dictadura es por otorgamiento o por pacto. [...] El Frente Amplio decidió judicializar la decisión política sobre el qué hacer con los juzgamientos a los responsables de graves delitos durante la dictadura.[...]Se ha expuesto a la Suprema Corte de Justicia a la primera línea de fuego, sin blindaje alguno. Como se sabe, el prestigio y la credibilidad en el Poder Judicial es uno de los atributos esenciales de una poliarquía plena. Y ahora esto puede quedar en riesgo. Queda por invocar que todos los dioses de la humanidad y de todos los tiempos protejan a los supremos ministros judiciales.


Toda transición de una dictadura a una democracia deja temas pendientes, y esos temas son más difíciles si la salida de la dictadura es por otorgamiento o por pacto. Porque la única forma de que no haya otorgamiento o pacto es la derrota de la dictadura por la fuerza. La decisión de aceptar un otorgamiento o un pacto es una decisión política. Cabe recordar además que todo lo que suponga amnistía, indulto, gracia o perdón es per se una forma de injusticia y de consagración de la impunidad. Y el optar por la injusticia y la impunidad no es producto de la maldad de quienes optan, sino de la necesidad política y hasta de la responsabilidad histórica; porque la mar de las veces la opción no es entre perdonar y juzgar, sino que la opción es bivariada: de un lado es consagrar la impunidad y lograr la libertad, y el otro término es negarse a la impunidad y no obtener la libertad. Esto es muy fácil de entender cuando se está en medio de una dictadura, a veces muchos no lo entienden cuando se está al final de ella -y se cree que los finales se dan solos- y es muy difícil que se entienda cuando la dictadura es un fantasma del pasado, al que se da por bien muerto y enterrado, no ronda los pasillos y no se le teme.

La otra paradoja es que una vez consagrada cierta forma de amnistía o de perdón, y consecuentemente de impunidad, recuperado el pleno Estado de Derecho, los caminos para que se haga justicia –es decir, que se juzgue y pene a los autores de graves delitos en dictadura- pueden colidir con el propio Estado de Derecho. La paradoja es que se puede llegar a afectar el Estado de Derecho en nombre de la aplicación de la Justicia (entendida como conjunto de valores y no como sistema institucional).

La solución adoptada por el oficialismo, e impulsada y apoyada por los sectores que luchan por la realización de los juicios, desde el punto de vista del Estado de Derecho es correcta, porque si es inconstitucional, la propia Constitución establece los mecanismos de corrección de las inconstitucionalidades. Desde el punto de vista político plantea dos temas. Uno de ellos ya fue analizado y discutido hasta el hartazgo en los meses de abril y mayo, y está relacionado con la contradicción entre las dos decisiones plebiscitario-referendarias y la decisión parlamentario-gubernativa.

El otro tema es nuevo y nada menor. El Frente Amplio decidió judicializar la decisión política sobre el qué hacer con los juzgamientos a los responsables de graves delitos durante la dictadura. ¿Qué quiere decir judicializar? Por judicialización política se entienden varias cosas. Una de ellas es cuando el sistema político traslada al sistema judicial la resolución de los conflictos políticos, ya fuere propiamente el sistema político como tal o los actores sociales que actúan en el terreno político o inciden en causas políticas.

El sistema judicial existe -en una poliarquía plena y en un Estado de Derecho- como un ámbito complejo para la aplicación del derecho a casos concretos, bajo el uso en lo posible de métodos científicos de interpretación. Donde el aplicador científico es el magistrado, al cual se representa ordinariamente como el fiel de la balanza, donde una parte sostiene una cosa y otra sostiene lo contrario. La acción de la magistratura debe ser la consecuencia de un espíritu científico, de un espíritu de investigación. No siempre lo es, pero cuanto más lo sea más se acerca a su finalidad esencial. Los magistrados son tales por su capacidad real o presunta de poder desarrollar con honestidad intelectual esas investigaciones y arribar a esas conclusiones (va de suyo que también con honestidad personal y plena independencia). El magistrado es necesariamente una persona ajena a la vida política, pero no solo porque no participe en ella, sino que podría decirse también porque no tiene los atributos para ello. En la vida política es necesario inflamarse a favor de causas, en la vida judicial es necesario tener la frialdad y la parsimonia digna del científico.

El magistrado está acostumbrado a soportar presiones y defender su independencia de los intereses de parte, de los poderosos, del poder político, del poder económico, del poder comunicacional, del poder social y del poder de la opinión pública. Pero hay dosis y dosis. Los magistrados no están hechos para estar en el centro de un vendaval político. Lo que acaba de hacerse es precisamente esto.

La causa del juzgamiento a los responsables de delitos graves durante la dictadura y la contra causa de defensa del camino trazado por el país entre 1985 y 1986 y avalado en dos actos de democracia directa, cada una de ellas son causas profundas. Los combatientes por estos juicios consideran que lo que está en juego son todos los derechos humanos, y que cuando están en juego los derechos humanos no hay cosa más importante. Es un punto de vista muy sentido, honesto y coherente. Los que consideran que el Estado de derecho es un valor supremo a defender, y que el Estado de derecho exige el pleno cumplimiento de principios como la no retroactividad de la ley, también consideran de manera sentida, honesta y coherente que esto es lo más importante. La confrontación entre una y otra postura es una confrontación de concepciones políticas, en el sentido más profundo del término. El oficialismo ha optado por tirarle todo el fardo a la Suprema Corte de Justicia, que es la que va a tener que dirimir en última instancia. Se pone a los ministros magistrados en el papel de ser los que respeten los derechos humanos según unos o respeten el Estado de derecho según otros. Se ha expuesto a la Suprema Corte de Justicia a la primera línea de fuego, sin blindaje alguno. Como se sabe, el prestigio y la credibilidad en el Poder Judicial es uno de los atributos esenciales de una poliarquía plena. Y ahora esto puede quedar en riesgo. Queda por invocar que todos los dioses de la humanidad y de todos los tiempos protejan a los supremos ministros judiciales.