29 Dic. 2013

El FA bebe su propia medicina

Oscar A. Bottinelli

El Observador

La mayoría de los uruguayos nunca se subió un avión y sin embargo los aviones derriban al ministro de Economía y al presidente del Banco República (que resiste en actitud numantina), generan la primera crisis significativa de gobierno en la era frenteamplista y producen el primer pedido de procesamiento de un ministro de Economía en ejercicio y un presidente del Banco República en ejercicio en la casi bicentenaria historia como Estado independiente.


La mayoría de los uruguayos nunca se subió un avión y sin embargo los aviones derriban al ministro de Economía y al presidente del Banco República (que resiste en actitud numantina), generan la primera crisis significativa de gobierno en la era frenteamplista y producen el primer pedido de procesamiento de un ministro de Economía en ejercicio y un presidente del Banco República en ejercicio en la casi bicentenaria historia como Estado independiente. No es un tema sino un conjunto de temas: Uno, los estudios en sí desde el punto de vista económico, financiero, administrativo y jurídico, que a su vez se pueden hacer desde el último año, desde la toma de control de Pluna por Leadgate o desde que se privatizó parcialmente al antiguo ente estatal (gestión de Varig incluida). Dos, las acusaciones de la oposición sobre conflicto de intereses y protección de determinados agentes económicos. Tres, la existencia de una formidable campaña mediática orientada al derribo del ministro de Economía. Cuatro, la existencia también de un fuerte juego más o menos silencioso de un poderoso grupo económico en pos de quitar de en medio a un enemigo formidable como el ministro de Economía, luego de lograr tiempo atrás el éxito de sacar de en medio a otro ministro enemigo para sus propósitos. Cinco, cómo un elenco gubernativo considerado sólido, más allá de que se compartan sus orientaciones, pudo caer en una falta de estrategia, actuar al golpe del balde y acumular tal cantidad de errores y torpezas. Seis, la persistencia de la oposición, y en particular del Partido Nacional, y más aún de Alianza Nacional y personalizado en el senador Carlos Moreira, de golpear sin tregua en un punto flaco del oficialismo hasta lograr el mayor éxito que la oposición pueda contabilizar en estos casi dos lustros de izquierda.

Cada uno de estos temas da para un minucioso análisis en sí mismo. Pero caben agregar dos temas más, de los que solo se hacer unos punteos y ameritan cada uno detenidos análisis. El primero de ellos es el de la judicialización política, es decir, cuando la política no dirime su disenso en su cancha natural sino la traspasa al Poder Judicial. Las dos derrotas del gobierno en el caso Pluna se dan por acción judicial: la inconstitucionalidad acordada por la Suprema Corte de Justicia sobre la ley que modificó las reglas del concurso de la empresa y los pedidos de procesamiento de ambos jerarcas gubernativos. Pero además lo que implica la otra faceta de la judicialización, que es cuando la justicia -ya fuere magistratura, ya fuere Ministerio Público- avanza sobre la política con criterios políticos. La apelación al llamado delito de abuso innominado de funciones es “algo parecido a cuando la justicia penal militar, en épocas del gobierno militar, a falta de otros elementos condenaba por ataque a la fuerza moral de las fuerzas armadas”1  . Es decir, “los militares a falta de pruebas de delitos claros recurrían al enjuiciamiento por ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas; la versión civil y moderna es el procesamiento por abuso innominado de funciones o la exégesis piedeletrista que permita encontrar delito en cualquier falla administrativa” y ello se fundamenta “en la convicción, la mar de las veces implícita pero algunas veces explícita, de que los actores judiciales, jueces y fiscales, constituyen una especie de reserva moral de la sociedad, en quienes ésta ha depositado su confianza para que vele por la honestidad. Es una autopercepción equivalente a la que tuvieron los militares en la década de los recientes setenta”. Cabe recordar que hay unanimidad doctrinaria en considerar que este delito es contrario a los principios básicos de una democracia liberal y de una concepción del derecho penal basado en la libertad, y que refleja con precisión la concepción fascista del derecho (dicho fascista no como epíteto, sino como descripción del ideario y la praxis mussoliniana).

Esta judicialización política y politización judicial llevó al procesamiento de Enrique Braga, quien había sido presidente del Banco Central en la administración de Luis Alberto Lacalle Herrera. Aunque el operativo contra el gobierno Lacalle -calificado por su partidarios deofensiva baguala- partió de medio Partido Colorado y otro medio Partido Nacional -ninguno de los cuales se benefició a la larga, sino todo lo contrario- el verdadero beneficiario fue el Frente Amplio. La izquierda en general utilizó este procedimiento como la prueba inequívoca de la culpabilidad del ex presidente del Banco Central y como corolario la prueba también inequívoca de la corrupción del gobierno de Lacalle Herrera. Y de paso, algunos legisladores de izquierda hasta no hace tanto como seis años se manifestaban contestes en mantener la vigencia de este delito.

Como decía aquel campesino francés: Majestad, que sabia es la rueda, lo que ahora está arriba luego queda abajo y lo que está abajo queda arriba. Hoy en el gobierno, el Frente Amplio recibe su propia medicina y en mayor dosis: no es un ex ministro sino un ministro en ejercicio al que se pide procesar por abuso innominado de funciones. Ahora la izquierda clama, con razón, de la barbaridad de este pedido de procesamiento, del carácter político de estos pasos judiciales. Lo que queda claro es: Si este delito es valedero y prueba de culpabilidad, Braga es culpable y también lo son Lorenzo y Calloia. Si este delito se invoca a falta de prueba, como arbitrariedad judicial (como el empleo del ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas), entonces Lorenzo y Calloia no son culpables, como tampoco fue culpable Braga. Y aquí, Partido Nacional y Frente Amplio están hermanados y solo pueden interpretar las cosas en forma coincidente. Lo más fuerte, para la sociedad ahora sí, como punto final, no hay diferencia en lo ético entre los grandes partidos: todos son iguales, en sus virtudes y sus defectos.


1 Ver La judicialización política y Judicialización y poltización ambos en El Observador, agosto 31 de 1997, y setiembre 21 de 2003, en Ediciones Anteriores