23 Mar. 2014

El creciente gasto electoral

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Entre los formidables impactos de la reforma constitucional de 1996 aparece el crecimiento exponencial de los gastos electorales, tanto del Estado como de los actores políticos en las campañas electorales1. La reforma constitucional fue un agregado incoherente de distintas enmiendas, sin que haya habido un plan maestro, lo que arrojó finalmente consecuencias no previstas ni imaginadas por sus impulsores.


Entre los formidables impactos de la reforma constitucional de 1996 aparece el crecimiento exponencial de los gastos electorales1, tanto del Estado como de los actores políticos en las campañas electorales. La reforma constitucional fue un agregado incoherente de distintas enmiendas, sin que haya habido un plan maestro, lo que arrojó finalmente consecuencias no previstas ni imaginadas por sus impulsores.

Por un lado la campaña electoral presidencial multiplicó sus gastos por dos (internas, nacional) o por tres (cuando hay balotaje). Ello no es nada menor en el costo electoral. Las elecciones departamentales se hacían de manera simultánea con las nacionales y pudo imaginarse que lo único que iba a ocurrir sería que el mismo gasto se dividiese en dos etapas. Si esa fue la idea, nada más lejos de lo que ocurrió: no se aminoró en nada el gasto a nivel departamental en las elecciones nacionales y se creó la necesidad de una campaña electoral autónoma, más potente y más costosa para la elección del gobierno departamental. Luego, la ley de descentralización creó cerca de un centenar de mini campañas electorales para los Concejos Municipales. Cabe no olvidar que las elecciones departamentales vienen precedidas de las elecciones de los Organismos Deliberativos Departamentales, llamados a elegir el candidato único a intendente de cada partido, que accesoriamente podían ser dos, y en esas interpretaciones dignas de Houdini la Corte Electoral interpretó que dos podían ser tres. Los gobiernos departamentales con la efectiva plena vigencia de la Constitución de 1967, con la restauración democrática, adquirieron un peso no conocido en la historia del país. Le elección por separado incrementó sensiblemente el peso político de los intendentes y, por consecuencia, acrecentó la importancia de las elecciones correspondientes, y por tanto de sus campañas electorales y los costos consiguientes.

Pero lo más importante vino después: el descubrimiento de que las mal llamadas elecciones internas podían utilizarse para establecer un ranking del potencial electoral de las distintas figuras que compitiesen para los cargos no ejecutivos. Además de la competencia presidencial y la competencia formalmente indirecta para intendente departamental, aparecen otras competencias. Al marcar cada figura los votos, cada agrupación, permite desde establecer reglas de juego para el armado de una gran lista, o para la formulación de acuerdos. Y ello vale algo para la Cámara de Senadores, pero mucho para la Cámara de Representantes, las juntas departamentales y ahora también para los concejos municipales.

Porque el juego de votar listas de candidatos para el Organismo Deliberativo Nacional de cada partido (ODN) y para el Organismo Deliberativo Departamental de cada partido en cada departamento (ODD) ha permitido que la imaginación no tuviese límites, y esa falta de límites a la imaginación lleva a la falta de límites en la presentación de la oferta electoral. Basta señalar que una sola agrupación departamental en Canelones, que en las elecciones nacionales de 2009 obtuvo una sola banca de diputado, en las precedentes elecciones internas presentó cerca de 20.000 candidatos en más de un centenar de listas de candidatos a ODN y ODD. Para las próximas elecciones del 1° de junio, se conoce de agrupamientos departamentales que tienen el objetivo de presentar no menos de 10.000 candidatos, en cerca de un centenar de listas.

El costo de estas elecciones internas para algunos partidos, como el Partido Nacional, termina siendo mucho más importante que el costo de las elecciones nacionales. Pero para otros partidos en que no hay competencia real para la presidencia de la República, como en esta ocasión para el Frente Amplio o para el Partido Colorado, la importancia simbólica de la competencia, con sus efectos políticos, y la importancia de las competencias secundarias (ODN, ODD) llevan a un formidable gasto sin relación alguna con la magnitud de los objetivos.

Y aquí aparece algo significativo: el financiamiento estatal no llega a todos los niveles ni a todos los actores, y normalmente llega en una baja proporción en relación a los costos electorales. Guste o no, y sin duda puede gustar a determinadas concepciones ideológicas, los actores políticos deben recurrir al financiamiento privado y ese financiamiento a la corta o a la larga significa compromisos. No cabe simplificar que un candidato es comprado por quien le aporta una considerable cantidad de dinero, pero sí que va a tener un poco menos libertad en los temas que afectan al aportante que si no hubiese recibido esa aportación. Este es un hecho real. Que da un poder a los aportantes de dinero para las campañas electorales desproporcionado al peso cuantitativo votacional, que equilibra el poder económico con el poder ciudadano. Pocos con mucho dinero pueden tener tanto peso como muchos con poco dinero, porque esos pocos pueden ayudar y mucho a que se consiga el voto de esos muchos.

La otra cara es que no todos los candidatos que potencialmente podrían competir en una elección culminan esa carrera, y deben desistir por falta de fuerzas. Y esa falta de fuerzas termina siendo la falta de dinero, lo cual es una seria contradicción con una teoría pura de la poliarquía2 según la cual todo actor político tiene derecho a postularse a cargos y presentar su propuesta electoral sin ninguna cortapisa. Si para postularse y presentar su oferta necesita de una cantidad mínima de dinero, hay necesariamente una cortapisa a la democracia.

En esta línea de razonamiento, todo lo que aumente la competencia electoral incrementa los gastos de campaña electoral y todo lo que incremente los gastos de campaña electoral a la corta a la larga crea problemas serios, algunos insolubles, a los actores electorales. Y se da la paradoja de que cuanto mayor libertad tiene el elector, cuanto mayor es potencialmente la oferta electoral, más cortapisas reales hay a la oferta electoral por el papel del dinero.


1 Segunda nota de una serie de tres sobre el acceso a recursos en las campañas electorales. Ver Las elecciones y el dinero en El Observador.

2 Corresponde a lo que con cierta imprecisión se define como “democracia liberal”