18 Oct. 2015

El laberinto jurídico-político del F.A.

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Lo que desnudan los hechos puntuales del proceso parlamentario del presupuesto quinquenal son varios problemas: el limitado alcance del mandato imperativo, la contradicción entre la lógica de la estructura que emerge de las elecciones nacionales y la lógica con que se organiza la estructura propiamente del Frente Amplio, el procedimiento de elaborar el presupuesto desde el Poder Ejecutivo sin consulta a los parlamentarios y requerir el apoyo automática de todos y cada uno de los parlamentarios. A lo que se debe añadir -lo que da para un largo análisis en sí mismo- la ausencia de debate de fondo, tanto de debate teórico como de debate político.


La disidencia de tres diputados oficialistas hizo naufragar un par de disposiciones presupuestales y desató una crisis más psicológica que real al interior del Frente Amplio. Uno de los disidentes -en disidencia en reiteración real- fundamenta entre otros aspectos en que su sector político no ha sido autorizado a competir en las elecciones internas del Frente Amplio y por tanto ha quedado excluido de sus órganos. Lo que desnudan los hechos puntuales del proceso parlamentario del presupuesto quinquenal son varios problemas: el limitado alcance del mandato imperativo, la contradicción entre la lógica de la estructura que emerge de las elecciones nacionales y la lógica con que se organiza la estructura propiamente del Frente Amplio, el procedimiento de elaborar el presupuesto desde el Poder Ejecutivo sin consulta a los parlamentarios y requerir el apoyo automática de todos y cada uno de los parlamentarios. A lo que se debe añadir -lo que da para un largo análisis en sí mismo- la ausencia de debate de fondo, tanto de debate teórico como de debate político. Por ejemplo, se llega a un tema tan trascendental como el peso de las Fuerzas Armadas, sin haber sido precedido por un debate sobre el posicionamiento que deben tener las Fuerzas Armadas en el país.

En materia de mandato imperativo y disidencias, el Frente Amplio las ha tenido pocas pero traumáticas. Sin duda la primera, la más importante y que abre la canilla para un posible derrame posterior es cuando Tabaré Vázquez veta la ley de despenalización del aborto, que había sido aprobado por el máximo órgano frenteamplista, el Congreso (y luego impulsa un referendum en contra de una subsiguiente ley). Luego vendrán otras, como la de Semproni que impidió la aprobación de la ley de anulación de la Ley de Caducidad y ahora la de Mier-Darío Pérez-Semproni.

A medida que el Frente Amplio ha ido creciendo, ha medida que se ha hecho mayor su peso en el país, ha creado nuevas estructuras, cada vez más complejas, sin fijarse si la lógica con que funciona una parte de la máquina es coherente con la lógica de otra parte de la máquina. Así se ha construido un laberinto, quizás mucho más intenso, un conjunto de laberintos interactuantes, donde la lógica jurídica (la que emana de los textos) se contrapone con la lógica política, en particular la que emana de los votos, sean ellos de los ciudadanos uruguayos en tanto tales, sea de los afiliados frenteamplistas.

El Frente Amplio ha organizado una estructura cuya cabeza surge de dos vertientes: la elección por listas cerradas y bloqueadas con adjudicación proporcional de los cargos, y la elección mediante el voto por candidatos individuales en un sistema mayoritario extremo. La adjudicación proporcional se hace por un método nunca antes aplicado en Uruguay, parecido a otros métodos en desaparición en el mundo, y en el caso frenteamplista con errores matemáticos. Ahora bien, en ese porfiado juego de la dirigencia de negar la calidad de partido del Frente Amplio (y para usar el lenguaje bastante abstruso que usa la propia dirigencia y solo entendible por un puñado de militantes de hierro) la elección política refleja la llamada “coalición” y la elección por candidaturas individuales refleja a “las bases”. Si por bases se entienden a los afiliados al Frente Amplio que votan en las elecciones de afiliados (como las de mayo de 2012), las bases están representadas en la “coalición”, porque para esas listas hubo más de 130 mil votos; y no están representadas en los llamados “delegados de base”, que en conjunta apenas superan en todo el país los 30 mil votos. Por su parte, los parlamentarios frenteamplistas en su conjunto representan circa 1:100 mil votos (un millón cien mil), vale decir, más de ocho veces el peso de los electos en listas por voto de afiliados y casi 40 veces el respaldo con que cuentan los “delegados de base”.

Pero lo más llamativo de ese laberinto es el doble rasero a la hora de admitir la oferta electoral. Para las elecciones en que participan los cuerpos electorales del país (elecciones “internas”, elecciones nacionales y elecciones departamentales) es abierta la presentación de listas y candidaturas, casi sin condicionamientos. En cambio, para la elección del Plenario Nacional solo pueden presentar listas los sectores formalmente admitidos como tales. Esa contradicción lleva a que un grupo que recoge 30 mil votos en elecciones nacionales no es reconocido como “sector político del Frente Amplio y por tanto impedido de presentar candidatos al Plenario Nacional y, consecuentemente, excluido de toda posibilidad de sentarse a la Mesa Política. En cambo un grupo que no llega a los 1.000 votos en todo el país, puede sentarse en el uno y en el otro. La admisión como “sector político”, más allá del respaldo en votos o del respaldo en afiliados, lleva a que se genere un valor “marca”, un valor de tipo accionario. Si se tiene una marca registrada en el FA, se tiene un poder mayor a que si tiene respaldo popular (expresado en votos) o respaldo militante (expresable en afiliados).

Ya alguna vez este autor -al hacer, en la caracterización de este peculiar sistema del Frente Amplio-sostuvo que día llegará que aparezca un aviso clasificado que diga “Vendo sector político del Frente Amplio, con asiento en la Mesa Política y equis cantidad de votos en el Plenario Nacional”

Todo ello ocurre porque la dirigencia del Frente Amplio persiste en negarle la calidad de partido, calidad que le otorga el 99% de sus votantes y más del 99% de todos los votantes del Uruguay, y persiste en pretender otorgarle la calidad de una “confederación” o de “asociación libre de partes independientes”. Por supuesto que el Frente Amplio podría ser eso, el problema es que no lo es y si la dirigencia plantease esa posibilidad a los frenteamplistas, recibiría un varapalo clamoroso.

Entonces, un laberinto jurídico, un laberinto político, una interrelación de laberintos, reglas imprecisas en materia de deberes y derechos y el haber admitido que el propio presidente en reiteración real se alzase contra un postulado básico del Frente Amplio aprobado por su Congreso, todo ello lleva –y debió llevarlo mucho antes– a la situación actual. Que parece ser el principio de algo y no su final.