13 May. 2016

Los cristales para mirar a Brasil: o Golpe de Estado o procedimiento constitucional

Oscar A. Bottinelli – Diálogo con Fernando Vilar

Radiocero y Radio Monte Carlo

Este proceso deja mal parado a Brasil y tampoco contribuye a solucionar o mitigar sus problemas. Los analistas internacionales tienden a coincidir que esto más bien agrava los problemas de Brasil y acentúa la falta de credibilidad en Brasil. Aunque todos también coinciden en que Dilma Roussef para continuar tiene o puede tener la constitucionalidad de su parte pero tiene en su contra lo político, lo social, la opinión pública y la economía; y coinciden en que su continuidad tampoco ayuda ni a la imagen ni a la credibilidad del país. La idea es que Brasil ha entrado en un túnel en donde va a costar mucho ver la luz de salida.


OAB: ¿Qué pasó en Brasil? ¿Hubo un golpe de Estado como sostiene la presidente suspendida Dilma Roussef o fue un impecable pronunciamiento constitucional como sostiene el presidente en funciones Michel Temer? Estas preguntas se pueden contestar desde un ángulo político o ideológico o desde un ángulo analítico. Ya se ha visto en Uruguay que muchos de quienes coinciden con el pensamiento de Dilma, de Lula y del Partido de los Trabajadores consideran sin ninguna duda que es un golpe de Estado. Y muchos de quienes los rechazan, y por el contrario les encantan las políticas de liberalismo económico, se afilian a la tesis de que se ha procedido constitucionalmente. El cristal de un analista ve cosas mucho más complicadas que quienes usan cristales políticos o ideológicos.

Muchas veces los políticos y los opinadores hablan como si fuera absolutamente claro qué es una democracia y qué no lo es, y como si a simple vista se puede dividir los países en dos: los democráticos y los autoritarios. Los propios organismos regionales caen en esa simplificación. La Unión Europea, el Mercosur, la Unasur, la OEA tienen las llamadas cláusulas democráticas que determinan la separación de un país miembro cuando su democracia se interrumpe. Parece que todas tienen un medidor de democracia, un democratómetro por demás exacto. El problema es que ese medidor no existe, ni manual ni electrónico.

Hay varios índices que se elaboran en el mundo para clasificar los países del mundo en relación a la democracia o a la poliarquía. La más usual en los últimos tiempos es el Democracy Index de The Economist Intelligence Unit. Analiza 165 países independientes y dos territorios, en base a 60 items agrupados en cinco capítulos: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles. Como se ve, y para eso hicimos esta extensa explicación, ser o no democrático no es algo que pueda verse a simple vista. Requiere estudios minuciosos.

Lo otro interesante es que de esos 167 países y territorios analizados ¿saben cuántos son democracias plenas, democracias completas? Puede que el número les sorprenda: solo 24. 24 países en 167 son considerados democracias plenas. De América Latina, solo Uruguay y Costa Rica y de muy largo tiempo. Nunca figuraron en esa categoría otros países de América Latina, ni nuestro vecinos, ni Argentina ni Brasil. Así que ya comienzan a tambalear las cláusulas democráticas, porque mal se puede interrumpir una democracia cuando no la hay en plenitud. Este es un primer ángulo de análisis, un poco para desdramatizar el tema y ponerle un poco de matices

FV: ¿Y en cuanto a lo de golpe de Estado o constitucionalidad del proceso?

OAB: Aquí conviene aclarar varias cosas. Nunca deben confundirse los juicios políticos en un régimen presidencial con los votos de censura en un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario se puede censurar al jefe de Gobierno por ser ineficaz, o por haber corrupción en el gobierno, o por discrepancias con la política seguida por el gobierno. En un régimen presidencial, hay que tener en claro que el juicio político es un juicio que se llama político porque es realizado por órganos políticos como son las cámaras legislativas. Pero que es un juicio con toda la barba, un juicio jurisdiccional. Y solo se puede juzgar a un jefe de Estado por delitos graves o violación grave de la Constitución. Es decir, no es por cualquier violación de la Constitución ni por cualquier delito. Y además tienen que ser delitos muy graves cometidos por la propia persona del jefe de Estado. Todo lo que salga de estos preceptos, es contrario a la lógica constitucional del juicio político. Lo complicado entonces es separar lo separable No tener en cuenta la simpatía por el o la presidente, no tener en cuenta si hay o no corrupción generalizada, no tener en cuenta si el o la presidente cometió algunos delitos leves, no tener en cuenta si cometió algún desliz constitucional. Nada de esto amerita el juicio político Tienen que ser delitos graves cometidos por el propio o la propia presidente o tienen que ser violaciones graves de la Constitución cometidos por el propio o la propia presidente. La discusión de si esto es así o se pueden hacer argumentos políticos, o si se puede destituir a un presidente por su conducta personal, o por la de sus allegados, o por la de sus colaboradores, todo esto quedó zanjado en sentido negativo hace siglo y medio. Fue en 1868, en los Estados Unidos de América, en el juicio político al presidente Andrew Johnson. Por eso en derecho constitucional se considera que en el mundo, en relación a los juicios políticos, hay un antes y un después de ese juicio a Andrew Johnson [Ver el artículo “Miré hacia abajo en mi tumba abierta”, en Factum Digital]

FV: ¿Y qué se puede decir respecto a lo que pasó en Brasil?

OAB: Primero que todo que no se puede analizar lo que pasa en Brasil con los ojos uruguayos. Parecen ser parecidos pero no lo son. Ni lo de Petrobras tiene que ver con lo de Ancap, ni el Partido de los Trabajadores es el Frente Amplio, ni la oposición brasileña es la oposición uruguaya, ni las reglas políticas de juego de Brasil son las mismas de Uruguay. Hemos visto muchas gente, de un lado y del otro, que confunde la óptica de lo de Brasil con lo de Uruguay. Lo otro, que la destitución o suspensión de un presidente en un régimen constitucional y presidencial es independiente de la calidad personal de ese presidente, es independiente de su política. No hay duda que hay una gran crisis económica en Brasil, que hay disconformidad con el gobierno de grandes sectores de la población y no hay ninguna duda que hay un mar de corrupción. La corrupción no es nueva en Brasil, es endémica. Y se da en el plano federal, en el plano de los Estados regionales, en el plano de los municipios. Y salpica a diesta y a siniestra, uno diría que no hay partido que en mayor o en menor medida no quede salpicado. Ese es el contexto

Ahora, viene analizar las cosas desde el punta de vista estrictamente analítico. Hacer el análisis constitucional, estudiar el debate de acusación en la Cámara de Diputados, ver la forma en que razonaron y se pronunciaron los diputados, estudiar el debate de los últimos días en el Senado, analizar las acusaciones concretas. Si se mira todo eso, le guste o no a uno, la conclusión es que no se dieron las circunstancias que validasen la suspensión de Dilma Roussef. Lo que ocurrió fue un pronunciamiento de tipo político, basado más en el estado de opinión pública, en la crisis económica, en las dificultades de la presidente para gobernar, en el mar de corrupción existente en el gobierno. Pero que quedan muy serias dudas si la decisión de ambas cámaras corresponde a lo que estrictamente y en buena fe es propiamente un “juicio político”.

Lo que parece claro es que este proceso deja mal parado a Brasil (para ello basta con leer los análisis de ayer y hoy en la prensa europea) y tampoco contribuye a solucionar o mitigar sus problemas. Los analistas internacionales, especialmente los europeos, tienden a coincidir que esto más bien agrava los problemas de Brasil y acentúa la falta de credibilidad en Brasil. Aunque todos también coinciden en que Dilma Roussef para continuar tiene o puede tener la constitucionalidad de su parte pero tiene en su contra lo político, lo social, la opinión pública y la economía; y coinciden en que su continuidad tampoco hubiese ayudado ni a la imagen ni a la credibilidad del país. La idea es que Brasil ha entrado en un túnel en donde le va a costar mucho ver la luz de salida.