05 Jun. 2016

Publicidad del Estado y elecciones

Oscar A. Bottinelli1

El Observador

Hay una forma creciente de intervención en las campañas electorales, en el largo tiempo, que es la publicidad, las promociones y el uso de los dineros del Estado y de los dineros de los que reciben beneficios del Estado […] hace un cuarto de siglo emergió una forma mucho más potente de injerencia electoral, que con diversa suerte -en algunos casos exitoso, en otros fallido- ha permitido catapultar a planos presidenciales a figuras de las principales empresas estatales


AVISO A LOS NAVEGANTES2: Argentina, Brasil, España e Italia demuestran que la corrupción política comienza o se dispara a partir de la necesidad de financiar la política y con ella surgen las implicancias y el mayor peso del dinero a la hora de captar voluntades.

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Pretender que el peso del dinero influya lo menos posible en desnivelar la competencia electoral requiere por un lado ver la forma de abaratar esa competencia, por otro ver las formas que se admitan para financiar la política y las cosas que deben prohibirse o limitarse. Pero todo ello refiere a los actores políticos en forma directa. Pero hay una forma creciente de intervención en las campañas electorales, en el largo tiempo, que es la publicidad, las promociones y el uso de los dineros del Estado y de los dineros de los que reciben beneficios del Estado. Al hablar de Estado cae hablar del Poder Ejecutivo, de las intendencias departamentales, pero mucho más de las empresas del Estado, de los entes autónomos y servicios descentralizados en general, del creciente número de sociedades anónimas de propiedad estatal, esta últimas sin control alguno del Tribunal de Cuentas ni de ninguna otra autoridad oficial.

Por un lado el uso de la publicidad central del Estado tiende a jugar como un elemento de peso en favor del partido de gobierno, y la publicidad de las intendencias en favor del partido oficialista en lo departamental. Pero también la publicidad de las intendencias y toda la publicidad no central, especialmente la de las empresas estatales, tiende a jugar en el plano de la competencia interna de los partidos.

Hace seis décadas y medias se introdujo en la Constitución la prohibición de actividad política de los directores de entes autónomos (escaso cumplimiento) y la prohibición de candidaturas a diputado salvo renuncia con 10 meses de anticipación. Hace medio siglo la prohibición se extendió a la candidatura senatorial y el plazo de veda se extendió para ambas cámaras en 12 meses. Se buscaba prevenir el peso que obtenían los directores de entes del uso del clientelismo político: nombramientos, otorgamiento de pasividades, concesión de teléfonos. Siempre con la mira puesta en no desnivelar la competencia al interior de los partidos y en el plano parlamentario.

Pero hace un cuarto de siglo emergió una forma mucho más potente de injerencia electoral, que con diversa suerte -en algunos casos exitoso, en otros fallido- ha permitido catapultar a planos presidenciales a figuras de las principales empresas estatales. El uso de los formidables recursos publicitarios empleados por las principales empresas públicas, y de las significativas contribuciones de los concesionarios, proveedores y grandes beneficiarios de la gestión empresarial estatal, todo ello ha devenido en un factor de gran peso a la hora de lanzar y potenciar figuras. Lejos de las elecciones, ello se ha traducido en un trato privilegiado por parte de algunos medios en la difusión de información y el manejo periodístico; cerca de la elección, en el manejo directo de la publicidad electoral. Inclusive hay algunos medios cuya viabilidad depende de este tipo de prácticas.

En la competencia interpartidaria, cuando se acercan las elecciones, tiende a multiplicarse la publicidad oficial, especialmente en el resaltar lo realizado, así como en el corte de cinta de obras públicas. Esto implica un desnivel en la campaña electoral en favor de los oficialismos, del oficialismo nacional y de los 19 oficialismos departamentales, cada uno en su respectiva medida.

Ninguna de las cosas señaladas son originarias del Uruguay, sino que llega tarde a este confín del mundo, como es norma en todas las cosas. Y llega luego de ser práctica consuetudinaria en países de la región y en países del primer mundo.

Ligado a la publicidad oficial está el tema de las promociones, muchas de las cuales tienen cierto olor a clientelismo, como las donaciones de bienes o patrocinios de eventos, generalmente con énfasis en los departamentos del país o en áreas de influencia de los directores de las empresas estatales.

Lo que el sistema político debe debatir a la hora de analizar el financiamiento político es algo mucho más amplio: cuál es el rol que cabe a las empresas del Estado en la competencia política intrapartidaria e interpartidaria, si deben jugar papel alguno y cuáles son los límites entre lo admitido y lo no admitido. Esto no es un problema de lectura constitucional ni de definición jurídica, es un tema de definición política. No es un tema de normas reguladas en estrados judiciales, sino de reglas de juego predefinidas, explícitas, claras que a la vez sean difíciles de incumplir.

Cabe una vez más recordar que las leyes madre de elecciones fueron elaboradas por una comisión de 25 diputados, la mayoría de ellos expertos conocedores en todas las trampas y fraudes posibles en elecciones. Algo así como cuando Roosevelt encomendó a Joseph Kennnedy, famoso por sus operaciones non sanctas en bolsa, de taponear todos los agujeros del sistema bursátil para eliminar el fraude. Entre personas con perfecto conocimiento de causa deben sentarse a acordar esas reglas de juego.

En un esquema de puridad de principios, se puede sostener -y muchos lo van a sostener- la necesidad de trazar reglas inflexibles con jueces rigurosos. Y se sabe que termina siendo descalificado alguien porque omitió una boleta por cincuenta pesos. Y también se puede sostener que el purismo lleva a la disfuncionalidad de toda regla de juego, y que más vale dejar todo a la libre. Quienes cultivan el arte de la política con profundidad y fineza, saben que a lo largo de la historia siempre han imperado reglas implícitas donde se establece lo permitido y lo no permitido. Y cada tanto es necesario hacer explícitas esas reglas, con realismo, con mucho realismo, pero que conduzcan a un fin deseado consensuado.


1 Catedrático de Sistema Electoral de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política

2 Quinta nota de una serie sobre el financiamiento político Ver Los dineros para la política, Las “listas” cuestan dinero, De cómo votar y ahorrar dinero y De la publicidad electoral en los medios, El Observador.