10 Jul. 2016

Un triunfo político personal de Tabaré

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Tabaré Vázquez es un hombre pragmático, con claras sensibilidades sociales pero poco atado a rigideces ideológicas en lo político-social. Hay dos grandes excepciones: la lucha contra el aborto y la lucha contra el tabaquismo […] ha sido muy flexible en casi todos los terrenos, ha sido inflexible en estos dos. No dudó en vetar la ley de despenalización del aborto […] La otra cara de su lucha implicó morder la cola del león: enfrentar a la industria tabacalera multinacional […] (cuando se) anuncia la flexibilización de las medidas antitabaco … trancó fuerte con los tapones de los zapatos, e hizo saltar por los aires todo posible entendimiento


Tabaré Vázquez es un hombre pragmático, con claras sensibilidades sociales pero poco atado a rigideces ideológicas en lo político-social. Hay dos grandes excepciones: la lucha contra el aborto y la lucha contra el tabaquismo, o en forma más genérica contra el cáncer. Son dos convicciones que adquirió temprano en la vida, mucho antes de pensar en afiliarse a algún grupo político o iniciarse en alguna organización filosófica. El camino de la medicina, y de la oncología en particular, según sus propios relatos, tiene que ver con esas convicciones y con las vivencias que lo llevaron a ellas.

Por eso, este hombre que ha sido muy flexible en casi todos los terrenos, ha sido inflexible en estos dos. No dudó en vetar la ley de despenalización del aborto, impulsada por su partido, y en verse enfrentado por su partido en la Asamblea General y apoyado por sus adversarios. Ya a punto de emprender la campaña hacia su segunda Presidencia, tampoco dudó en arriesgar ante los suyos todo su prestigio al ser la punta de lanza de la campaña referendaria contra la ley de despenalización del aborto, ahora sí sancionada y promulgada; en quedar junto a todos los demás líderes y figuras de nivel presidencial de la oposición (con una sola excepción) y el ser copartícipe de la magra cosecha de la menor adhesión obtenida por un pre referendo en el cuarto de siglo de vigencia del instituto.

Y no dudó en impulsar desde su gobierno significativos avances en la lucha contra el tabaquismo, que en forma mucho más tibia y con poco acatamiento había comenzado en administraciones anteriores. La lucha implicó dos caminos o dos caras. Una es la que afecta directamente al público fumador, que sintió la marginación al aprobarse y aplicarse a rajatabla una de las normativas más rígidas a nivel planetario contra el fumar. Quizás resultó fácil, porque consiguió un rápido apoyo abrumadoramente mayoritario en la gente y en el sistema político. Muy rapidamente se apagaron las voces que pretendieron combatir sus medidas en aras de la libertad individual del fumador.

La otra cara de su lucha implicó morder la cola del león: enfrentar a la industria tabacalera multinacional. Porque para ella lo más importante no son los magros dólares que pudieren perderse en este lejano y pequeño confín del mundo, sino en el ejemplo que desde aquí se lanzase a ese mundo, donde países más populosos, con grandes mercados, avanzasen en el mismo terreno. Dio dos pasos significativos, arriesgados: Uno, el limitar la oferta de tabacos y cigarrillos a una sola presentación (un solo tipo de paquete) por cada marca madre (no cada marca en particular). Dos, el aumentar al 80% el espacio de las caras anterior y posterior de cada cajilla, destinado a las advertencias, que además son imágenes de alta agresividad.

Antes de que culminase su mandato, la cúpula global de Philip Morris decidió demandar a Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Resultó extraño que no esperase al cambio de gobierno para buscar alguna solución, en especial a la vista de la pésima redacción de una resolución del Ministerio de Salud Pública, que bona fide permitía una interpretación favorable a la industria tabacalera, por la sencilla razón de que no dice lo que los autores quisieron decir. Lo también curioso es que no se fue por este camino fácil, sino por uno más complicado ante diversos estrados judiciales.

El camino del CIADI casi se interrumpe cuando el gobierno Mujica acepta entablar negociaciones. El error en que incurrió la administración Mujica es algo común en todo nuevo gobierno: la subestimación de los que acaban de irse, el considerar al presidente saliente como un hombre que ya fue. Error confirmado por su aceptación pacífica al levantamiento por parte de Mujica del veto a la designación de Nëstor Kirchner como secretario general de Unasur, veto interpuesto en su presidencia por el propio Vázquez. Cabe recordar que ante el hecho consumado, en abril de 2010, dijo cripticamenre que “respeta la decisión del presidente”, lo que fue interpretado erroneamente por el periodismo y el gobierno como que apoyaba a decisión, es decir, que aceptaba su derrota. Guardó silencio tres meses, hasta el instante en que el ministro de Salud Pública anuncia la flexibilización de las medidas antitabaco. Y allí como -se dice en fútbol- trancó fuerte con los tapones de los zapatos, e hizo saltar por los aires todo posible entendimiento. El gobierno Mujica viró 180 grados y puso todo de sí para enfrentar la demanda ante el CIADI. Fue una jugada arriesgada.

A poco de andar quedó claro que para Philip Morris lo principal era la victoria simbólica, ya que limitó la demanda a 25 millones de dólares USA. En el supuesto que Uruguay hubiese perdido y sido condenado a pagar los costos de la demandante, más las costas del CIADI, más sus propios costos, habría tenido una pérdida neta de 54 millones de dólares USA (casi 17 millones de costos de Philip Morris, más algo más cerca de 10 y medio de costos propios, más uno y medo de costas, más los 25 de la demanda). Esa cifra para Uruguay es muy importante, pero no demasiado grave si se compara con pérdidas mayores de jugadas infortunadas. Igual la apuesta se hizo y salió bien: ganancia neta; sin indeminización, sin costas y resarcimiento del 70% de los costos propios. Total, un gasto de poco más de 3 millones.

Queda para constitucionalistas y administrativistas analizar la disidencia del árbitro Gary Born, que considera denegación de justicia que la Suprema Corte de Justicia no hubiese invalidado el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Disidencia en que muestra débil comprensión de la arquitectura institucional del Uruguay y sus principios jurídicos.

Este éxito le llega a Vázquez en un momento en que más lo necesita, en que seguramente ya tocó el piso de aprobación de gestión y comienza a remontar su imagen. Y además, lo ayuda a proyectarse hacia un mundo que tiene otros referentes uruguayos.