17 Feb. 2018

Una divisoria de aguas en el FA

Oscar A. Bottinelli

El Observador

En el oficialismo hay una línea proclive a que Uruguay se incorpore a las nuevas normas de propiedad intelectual … con el concepto que los países que no adhieran a esas normas van a quedar marginados del gran comercio mundial y de las grandes inversiones de radicación. Del lado opuesto, otra línea es contraria a dicha incorporación, por entender que las normas de propiedad intelectual acordadas en el marco de la WIPO, y el PCT en particular, juegan en beneficio de las grandes empresas multinacionales


El punto es la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio

En el país hay un debate que atraviesa al oficialismo en relación a los Tratados de Libre Comercio (TLC)1. En la materia, Uruguay discute la ratificación del tratado firmado con Chile, con la Unión Europea en la instancia final de unas negociaciones (del Mercosur como conjunto) de final incierto y con China en las conversaciones preliminares. Que con la Unión Europea lo sustantivo sea un Tratado de Asociación, a los efectos de este análisis no cambia el punto, dado que el eje divisorio se sitúa en el tratado adjunto de libre comercio. Entre el gobierno y el sistema político uruguayo, uno y otro sin fisuras, y la Unión Europea se alza una barrera difícil de franquear relacionada con las carnes y los lácteos, en que el país todo no está dispuesto a transigir. O la Unión Europea hace una propuesta radicalmente diferente -y se bajan de su intransigencia principalmente Francia en las carnes y Países Bajos en los lácteos- o del lado uruguayo la posibilidad de un acuerdo se hace imposible; se pone así fin a más de 22 años de negociación, de aquel día de diciembre en que Julio Ma. Sanguinetti por el Mercosur y Felipe González por la Unión Europea firmaron el propósito de creación del primer bloque político y económico mundial, basado nada menos que en las raíces comunes de ambas partes.

Pero en la suposición que las negociaciones Mercosur-Unión Europea alcancen un final feliz, aparece un gran tema como divisoria de aguas en el oficialismo, divisoria que emergió primero con el TLC con Chile: las patentes, la propiedad intelectual. Tema que a su vez ha paralizado el comienzo del tratamiento del PCT, el tratado de cooperación en materia de patentes de la WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por las dudas, la palabra propiedad intelectual a muchos le sugiere algo parecido a derechos de autor de una obra literaria o musical. Propiedad intelectual es eso, por supuesto, pero no es lo importante a nivel mundial, en términos contantes y sonantes; allí lo importante es la propiedad intelectual de las patentes industriales, la propiedad de las marcas, donde aparecen elementos tan relevantes como los medicamentos o el software.

En el oficialismo hay una línea proclive a que Uruguay se incorpore a las nuevas normas de propiedad intelectual que dominan el mundo, la economía mundial, especialmente el mundo desarrollado, con el concepto que los países que no adhieran a esas normas van a quedar marginados del gran comercio mundial y especialmente de las grandes inversiones de radicación. Del lado opuesto, otra línea es contraria a dicha incorporación, por entender que las normas de propiedad intelectual acordadas en el marco de la WIPO, y el PCT en particular, juegan en beneficio de las grandes empresas multinacionales, es decir, de las empresas de los países desarrollados y poderosos, y juegan en perjuicio de las empresas nacionales de los países subdesarrollados o de los países periféricos, o de los países pequeños (que las tres categorías no son necesariamente lo mismo). Concretamente en el tema de los medicamentos, que la nueva normativa internacional perjudica y hasta barre a la industria farmacéutica nacional.

Quizás con exceso de simplificación, puede decirse que por ahí anda la divisoria de aguas en el oficialismo. En la línea pro incorporación puede ubicarse en primer lugar al gobierno en tanto tal y con mucho destaque al presidente de la República, al canciller y al titular de Economía, posturas respaldas por el Frente Liber Seregni y medio socialismo. En la línea opuesta se sitúa otro medio socialismo, la 609 (con postura no unánime), la 1001, Casa Grande, PVP, Ir. Las figuras de los ministros Rodolfo Nin Novoa y Danilo Astori de un lado, y la del diputado socialista Roberto Chiazzaro del otro, vienen liderando la confrontación. En término de apoyo parlamentario en el oficialismo, por ahora, la mayoría se sitúa en la línea opositora y una minoría en la línea aprobatoria.

Tras salir del pantano del Caso Sendic y la asunción de la Presidencia del Senado por Lucía Topolanski, pareció despejarse el panorama, cuando la nueva titular del Poder Legislativo situó el TLC con Chile y el PCT como los dos primeros temas de consideración parlamentaria. Sin embargo, todo debió postergarse para este año.

En la oposición, el grueso de la misma (que va del centro a la derecha) se sitúa en la misma línea que el gobierno; Unidad Popular en la línea opositora. En término de votos parlamentarios hay una mayoría para la aprobación de ambos tratados, pero esa mayoría no puede funcionar sino al precio de una división en el oficialismo, lo que supondría ruptura, lo cual apenas se enuncia se evidencia su imposibilidad.

Sin duda para el país esta divisoria de aguas marca una cruz de los caminos en su inserción internacional. Hoy por hoy, y nadie sabe que deparará el futuro del mundo, un camino lleva a los acuerdos con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el otro camino conduce a moverse en un mundo diferente. El año 2018, o quizás el 2019, es un parte aguas para y en el Uruguay. Quizás si con la Unión Europea no hay final feliz, la urgencia se posponga y el Frente Amplio deba agradecerle despejar un nuevo tema que divide al oficialismo en lo profundo, en lo ideológico y no en lo anecdótico ni en las luchas por el poder. Si no, la urgencia surge.


1 Ver De cómo se discuten los TLC, El Observador, noviembre 11 de 2017.