16 Feb. 2014

Difíciles relaciones de pareja

Oscar A. Bottinelli

El Observador

El matrimonio o concubinato entre el Gobierno y la Justicia es una muy larga y complicada relación de encuentros y desencuentros, de amores y peleas, sin que en el medio haya una terapia de pareja [...] la actuación del Poder Judicial tiende a ser más exaltada por la oposición y más crítica por parte del oficialismo; y la independencia de la Justicia es más embanderada por la oposición.[…] El resumen es que la exaltación de la independencia y el funcionamiento judicial, o la crítica a las falencias judiciales, no son producto de la ubicación en el eje izquierda-derecha, ni tampoco en el eje conservador-liberal, sino esencialmente en el eje gobierno-oposición.


El matrimonio o concubinato entre el Gobierno y la Justicia es una muy larga y complicada relación de encuentros y desencuentros, de amores y peleas, sin que en el medio haya una terapia de pareja. Por Gobierno cabe entender en principio al Poder Ejecutivo y más extendidamente al oficialismo, es decir, al Poder Ejecutivo y a la mayoría parlamentaria, o en forma genérica al partido de gobierno. Por Justicia cabe comprender esencialmente al Poder Judicial y por extensión al Ministerio Público y a la Justicia de lo Contencioso Administrativo.

Más allá de las formulaciones teóricas y los recursos declamatorios, todos los gobiernos sin excepción han ejercido en mayor o grado presiones sobre la Justicia y todos también han tenido sus amarguras y enfrentamientos con ella. Todos los gobiernos han tratado de influir y unas cuantas veces lo han logrado.

En general ha sido más funcional a operaciones de gobierno el Ministerio Público que la propia Magistratura. En líneas generales la actuación del Poder Judicial tiende a ser más exaltada por la oposición y más crítica por parte del oficialismo; y la independencia de la Justicia es más embanderada por la oposición. Para analizar el Estado moderno, hay casi una década de gobierno frenteamplista y algo menos de gobierno blanco puro, dos décadas de gobierno blanqui-colorado y una vida entera de gobiernos colorados. El resumen es que la exaltación de la independencia y el funcionamiento judicial, o la crítica a las falencias judiciales, no son producto de la ubicación en el eje izquierda-derecha, ni tampoco en el eje conservador-liberal, sino esencialmente en el eje gobierno-oposición.

Si normalmente es compleja esta relación, hay varios elementos que la hacen más complicada aún. Uno de ellos es la trasnacionalización de los temas judiciales que ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas dos décadas, lo cual ha determinado que los actores en juego ya no sean solo nacionales (gobierno, sistema judicial, ciudadanos) sino también extranacionales (cortes internacionales, organismos de vigilancia de determinados derechos, organizaciones militantes en causas que se entrecruzan con lo judicial o lo gubernativo-judicial). Y no es menor al respecto el debilitamiento del principio territorial, que lleva que sedes judiciales de terceros países tomen jurisdicción en temas que en la tesis dominante hasta hace poco le eran extraños.

Un segundo elemento de esta complejización es la activa participación de la opinión pública en el seguimiento y juicio sobre el funcionamiento, actitudes, resultados y pronunciamientos del sistema judicial. Ya no es un público pasivo consumidor de noticias judiciales, esencialmente de lo judicial penal y más estrictamente de noticias policiales, más algún otro episodio relacionado con tremas de corrupción o escándalos de aldea. Ahora es una opinión pública interactuante, participativa, polémica y polemizante. Un caso no político partidario sino ideológico, fue el tsunami de protestas que provocó un procesamiento de una mujer por la forma de resistir un estupro, en un procesamiento a todas luces machista y antiliberal.

Un tercer elemento, íntimamente relacionado con el anterior, es la alta exposición de magistrados, fiscales y letrados en los medios de comunicación. Los actores judiciales dejaron que el proceso judicial transcurriese en el silencio del expediente para pasar a discurrir en el ruido de los medios de comunicación. Sin tener en cuenta, además, otro fenómeno correlacionado pero diferente y de profunda significación, que es la rediviva y creciente judicialización política.

Y un cuarto elemento ocurre a partir de la asunción de la izquierda al gobierno. Todo cambio de gobierno supone la continuidad jurídica del país y la continuidad de las obligaciones del Estado. Solo en situaciones de carácter revolucionario (y no en forma plena, como por ejemplo las revoluciones francesa de 1789, soviética de 1917, cubana de 1959 y otras similares) se da la ruptura de esa continuidad jurídica y de obligaciones. Particularmente en el actual gobierno aparecen señales de entender que existe una refundación del Estado (concepto que se extiende a otros ámbitos, no solo el judicial).

Ahora viene un punto complicado. Qué es el gobierno. Para conveniencia del análisis cabe definirlo como el que realiza actos a nombre del Poder Ejecutivo en temas de su materia. En relación a los elementos polémicos subsistentes al régimen militar (vulgar e impropiamente llamado el tema “de los derechos humanos”, ya que es una parte del tema derechos humanos y no el tema en sí mismo), no hay un gobierno sino al menos dos: un gobierno es el que habla a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y otro el gobierno que habla a través del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, con referencia al gobierno en versión cancillería, hay dos elementos centrales que conectan el comienzo de la gestión y el fin del cuarto año: el sentir que no hay obligación de defender la imagen del Estado, lo cual es coherente con la concepción fundacional, la tesis de la no continuidad de las obligaciones y por tanto el rechazo de actos o conductas asumidos por gobiernos democráticos anteriores o de actos protagonizados por el cuerpo soberano, que es el Cuerpo Electoral, vulgarmente denominada "La Ciudadanía", ya fuere mediante elecciones, ya mediante actos plebiscitario-referendarios. Así fue que el gobierno-cancillería se allanó plenamente a la demanda y no defendió al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora no solo no defiende sino que es el acusador de la Suprema Corte de Justicia ante el Sistema de Naciones Unidas. Aquí se suma a la visión de no continuidad, la de establecer la sinonimia entre Estado y Poder Ejecutivo. El representante del Estado ataca a una de las tres principales cabezas de ese Estado, como lo es la Suprema Corte. Lo más curioso es que ese mismo Estado, mediante el gobierno-Defensa, expresa opiniones distantes 180 grados.