23 Jun. 2018

Desde las ruinas de Pompeya

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Cuando se legisla o se regula sobre campañas electorales y publicidad política, hay un tema de fondo que es necesario tener presente: una democracia -con más exactitud una poliarquía- se basa en la más amplia libertad de los actores políticos en la captación del apoyo ciudadano. Toda regulación debe necesariamente ir en el camino de garantizar esa amplia libertad a cada actor político de comunicar sus ideas, sus propuestas, sus valores, su visión del mundo


La propaganda electoral libre como esencia de la elección competitiva

Hace pocas semanas se descubrió entre las ruinas de Pompeya, en los fosos del área Regio V, dos carteles -leyendas grabadas sobre piedra- de la última campaña electoral municipal, realizada muy poco antes que la ciudad quedase sepultada por la lava y las cenizas del Vesubio hace 1939 años, en el año 79 de la era cristiana. En uno de los carteles se pedía el voto para Helvium Sabinum, con la leyenda: Helvium Sabinu /aedilem d(ignum) r(ei) p(ublicae) v(irum) b(onum) o(ro) v(os) f(aciatis) (Les pido que hagan edil a Helvio Sabino, digno de la Cosa Publica, hombre bueno". El otro en favor de Albucium (Lucio Albucio).

Pero casi un siglo y medio antes, hace 2081 años, en el 63 AC ocurrió la primera campaña electoral registrada en la historia para el consulado de la República Romana, en la que Marco Tulio Cicerón (según muchos historiadores, mediante fraude), venció a Lucio Sergio Catilina. Es la primera campaña diseñada con criterio estratégico, en que el estratega fue Quinto Tulio Cicerón -hermano del vencedor- quien dejó para la posteridad el primer manual de campañas electorales de la humanidad, el “Commentariolum Petitionis”. Surgió también el primer slogan electoral de la historia: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” (¿Hasta cuando, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?). Ese slogan, tal cual consigna de twitter, es repetida una y otra vez a lo largo de cada uno de los cuatro discursos de Cicerón contra Catilina, discursos conocidos como “Las Catilinarias”

Casi veintiún siglos después, algo más de dos milenios, las campañas electorales, la propaganda en búsqueda del voto, son objeto de estudio en el Parlamento, a efectos de ajustar la Ley de Partidos del 11 de mayo de 2009. El debate actual gira esencialmente en cuanto a la comunicación o publicidad política por los grandes medios de comunicación y el financiamiento de las campañas electorales. Son dos temas que contiene mucha tela para cortar.

Cuando se legisla o se regula sobre campañas electorales y publicidad política, hay un tema de fondo que es necesario tener presente: una democracia -con más exactitud una poliarquía- se basa en la más amplia libertad de los actores políticos en la captación del apoyo ciudadano. Toda regulación debe necesariamente ir en el camino de garantizar esa amplia libertad a cada actor político de comunicar sus ideas, sus propuestas, sus valores, su visión del mundo; y también de comunicar las posturas concretas sobre tema concretos, su valoración de lo que hace o no hace quien gobierna o administra, de exhibir los méritos de quienes personifican esas propuestas, que en términos electorales se denominan candidatos.

Cuando se habla de elecciones es necesario diferencias los diferentes niveles de democracia, ya que no son lo mismo las elecciones en la docena y media de países de democracia plena, que en los de democracia semiplena, democracia incompleta, semidemocracias, regímenes híbridos, regímenes cuasi autoritarios y regímenes autoritarios. No es lo mismo una elección plenamente competitiva que una semicompetitiva. No es lo mismo si en una democracia plena, una elección competitiva se hace sobre el basamento de un sistema de partidos sólido, que sobre un sistema de partidos endeble o en ausencia de un verdadero sistema de partidos. A partir de allí, es que cabe reflexionar sobre la cuasi docena de países (Uruguay uno de ellos) con elecciones plenamente competitivas en democracia plena y basada en un sólido sistema de partidos. Como quien dice, no hay demasiados ejemplos a seguir en el planeta.

En este tipo de países, un tema que requiere afirmarse una y otra vez, repetirse indefinidamente, es que el voto no es el producto circunstancial de una campaña publicitaria ni de una campaña electoral en el sentido restringido del término. No hay una tabula rasa en el cerebro del elector, a partir de la cual comienzan a impactar jingles, slogans, imágenes como elemento primigenio y central de la decisión de voto. El voto es una manifestación simplificada de voluntad en favor de una propuesta que resume perfiles de personas en el marco de de una propuesta política, de programas, principios, ideas, valores y visiones del mundo, lo que refleja una candidatura de un partido político, o fracción de partido. Y esa manifestación de voluntad surge del producto de impactos recibidos por el individuo (del votante) a lo largo de toda su vida, a lo largo de la vida del agente político (partido, fracción) y de la vida pública del candidato.

Consecuentemente, lo que lleva a un individuo al voto, es la suma de impactos, de juicios positivos y negativos, de afectos y desafectos respecto a los diferentes actores políticos, ya fueren personalizados o institucionalizados. Esa suma de impactos supone de parte de los emisores de mensaje una acción de carácter permanente, verbalizada y no verbalizada, de lenguaje hablado, de lenguaje gestual y de lenguaje corporal, que se desarrolla de manera ininterrumpido. La campaña electoral strictu senso no es otra cosa que un momento de concentración de mensajes, como una especie de resumen de todos esos impactos precedentes. Sirve para corroborar cosas o para visualizarlas más nitidamente. La acción de convencimiento no surge en la campaña.

Si esa acción de convencimiento es permanente, el principio que debe primar en una democracia plena de partidos es el de la más amplia libertad de todos los actores para comunicar todo lo que quieran comunicar sin cortapisa alguna. Toda visión reglamentarista que tienda a restringir esa libertad política, atenta directamente contra las bases mismas de la plenitud de la democracia. Este es un principio esencial que muchas veces se opaca y otras tantas se pierde cuando quienes deben elaborar las leyes o las reglamentaciones se pierden en el laberinto regulador, y se olvidan de la primacía del principio de la más amplia libertad. Principio que no solo es consustancial a la democracia plena, sino que además está escrito en la Constitución de la República desde 1967.