30 Jun. 2011

Mujica y el dilema de juzgar a los militares

Entrevista de Soledad Blardone a Oscar A. Bottinelli

INFOBAE AMÉRICA

En diálogo con Infobae América, el politólogo Oscar Bottinelli se refirió a la polémica Ley de Caducidad, explicó por qué el gobierno quedó mal parado en el debate y analizó una posible solución que atienda el fallo de la CIDH


Con el anuncio de un próximo decreto, el gobierno del presidente José Mujica habilitará al Poder Judicial de su país a reabrir al menos 80 casos de violación a los derechos humanos durante el pasado gobierno militar. En 1986, se había votado una ley por la cual la Justicia debía solicitar autorización al Poder Ejecutivo para someter a juicio a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que fueran denunciados por dichos actos. Hasta 2005, ninguno de los casos propuestos había sido autorizado.

En las pasadas semanas, el Frente Amplio intentó anular esta ley que, además, fue plebiscitada dos veces (1989 y 2009) y que la ciudadanía votó a favor de mantener en vigencia. Sin embargo, una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó al gobierno uruguayo a promover su anulación. Sin éxito por esa vía, resolvió derogar los decretos que consideraba incluidos bajo el paraguas de esta ley en por lo menos 80 casos. Se abrirá, inesperadamente, una compleja y muy técnica discusión respecto a la viabilidad de reapertura de estos casos, por cuanto destacados juristas sostienen que hay derechos adquiridos a partir de las resoluciones que ahora se derogan.

Oscar A. Bottinelli es politólogo, catedrático en Ciencia Política de la Universidad de la República O. del Uruguay y director del Instituto Factum, de análisis político, estudios de opinión pública e investigaciones sociales. Además, es analista político de la red televisiva Monte Carlo TV, del diario El Observador y de las radios Monte Carlo y Radiocero FM. En múltiples oportunidades, realizó consultorías para todos los partidos con representación parlamentaria y fue también consultor en estrategia política de empresas multinacionales y cámaras empresariales. En una entrevista con Infobae América, se refirió a este complejo y polémico tema, clarificó los conceptos y brindó su opinión al respecto.

SB: El Frente Amplio intentó anular la ley que prevé la pretensión punitiva del Estado, que establece un mecanismo para someter a la Justicia los casos de violación a los derechos humanos. Mujica deroga ahora los anteriores decretos presidenciales que incluyen en esa ley varias decenas de estos casos y abre la investigación judicial. ¿Esto no va en contra del espíritu de esa ley y el resultado de dos plebiscitos nacionales?

OAB: Es necesario aclarar en qué consiste la Ley de Caducidad. La ley del 22 de diciembre de 1986 declara que "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto". Pero la determinación del cumplimiento de estas condiciones (la existencia de órdenes recibidas en cumplimiento de sus funciones, el móvil político) no la realiza el juez sino el Poder Ejecutivo.

Esto último es lo que viene siendo declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia desde octubre de 2009: el hecho de que sea el poder político, el poder administrador, el que determine si una persona y un hecho son justiciables o no.

En gobiernos anteriores, el Poder Ejecutivo incluyó 88 casos (acusados) en la Ley de Caducidad, con lo que frenó su juzgamiento. ¿Qué hace ahora? Visto que su potestad de frenar el juzgamiento es declarada inconstitucional, mediante un decreto revoca todos los actos administrativos que afectan a esos 88 casos.

Surgen tres temas: si este decreto es constitucional o no; si en el archivo judicial decretado por la comunicación del Poder Ejecutivo hay o no cosa juzgada y su relación con los plebiscitos. Sobre lo constitucional, se observa que en general los juristas contrarios a que operen los juzgamientos por violaciones a los derechos humanos dicen que es inconstitucional y los que impulsan esos juicios dicen que es constitucional; entonces cabe remitirse a los pocos que emiten el juicio con total independencia de su posición sobre el fondo del tema y aquí se encuentra que lo que hace el gobierno es constitucional.

Si hay o no cosa juzgada es un tema de la Justicia, que se verá en su momento, y no un tema político. Con relación a los plebiscitos, es necesario señalar que los dos fueron diferentes. El primero (1989) fue un recurso de referéndum contra la ley aprobada, que confirmó la vigencia de la Ley. Hay acuerdo jurídico y político en Uruguay de que la Suprema Corte de Justicia puede declarar inconstitucional una ley aunque hubiese sido ratificada en plebiscito, que es el que ahora ocurre. Y si es declarada inconstitucional, los aplicadores de la ley deben ceñirse al dictamen judicial. El segundo es un plebiscito constitucional que propiciaba anular la ley, es decir, determinar que nunca hubiese existido con efectos retroactivos.

Lo que el oficialismo hizo entre el año pasado y mayo fue impulsar una ley con similares efectos que los contenidos en el plebiscito constitucional rechazado. Ahora, en cambio, lo que hace el Gobierno es revocar actos administrativos por estar basados en una disposición inconstitucional. Esto último no violenta la decisión plebiscitaria porque, en primer lugar, lo hace porque, así como incluyó, tiene la potestad de excluir a su sola decisión y, en segundo lugar, porque la base para determinar las inclusiones han sido declaradas inconstitucionales. En ese sentido, no hay contradicción con el espíritu de los plebiscitos y referendos.

SB: Esta derogación de decretos desde 1986 hasta 2005, ¿no son una respuesta a no haber logrado los votos en el Parlamento?

OAB: En cierto modo sí. Pero fue el camino aconsejado por uno de los constitucionalistas de más prestigio antes de que se votara la última ley (la que intentó anular la Ley de Caducidad) en el Parlamento. Mientras el proyecto de ley era inconstitucional y contradictorio con la decisión plebiscitaria, este decreto no es inconstitucional (según este jurista) y no violenta la decisión plebiscitaria. El Gobierno argumenta, además, que está obligado a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a que la ley no sea impedimento para efectuar los juzgamientos.

SB: ¿Prescriben los referidos delitos en noviembre de este año? ¿Es por eso que derogaron los decretos que los incluyen en la ley referida, de renuncia a la pretensión punitiva del Estado, a diferentes casos incluidos en dicha Ley?

OAB: La Justicia ha dictaminado que estos delitos no son de lesa humanidad (en el sentido dado por los tratados internacionales) y prescriben el 1° de noviembre. Efectivamente, la razón de este decreto es habilitar la continuación de los juicios, o su reanudación, o su exhumación, antes de esa fecha. Naturalmente, se abren muchas batallas jurídicas: en el Poder Judicial, sobre si hubo o no cosa juzgada, en la Justicia de lo Contencioso Administrativa (que es independiente del Poder Judicial) sobre la legitimidad del decreto. Lo importante es desde el punto de vista político.

El oficialismo sufrió un gran golpe en el proceso de discusión del proyecto de ley que pretendió eliminar porque fue por el camino de desconocer la decisión plebiscitaria. Quedó mal parado ante toda la ciudadanía (81% estuvo en desacuerdo) y ante sus propios votantes (72% en contra) y perdió la gran bandera de "que el pueblo decida", que fue un gran patrimonio de la izquierda.

Pero ahora, las cosas cambian hacia lo que hace el oficialismo. La ciudadanía está a favor de un decreto de estas características en una relación de 2 a 1. Los partidos tradicionales (Nacional, Colorado) que golpearon con éxito en la etapa anterior, ahora se alinean contra el decreto y dan el mensaje de que su posición no estaba en función de la contradicción con el voto popular, sino porque defienden que no haya juzgamientos.

Va camino de consolidarse un eje discusión en que de un lado quede el Gobierno a favor del juzgamiento de (las violaciones a) los derechos humanos y del otro, la oposición (blancos y colorados) en contra del decreto porque no quieren los juzgamientos. Si ese eje se consolida, el oficialismo respira y la oposición pierde todo lo ganado en los meses pasados.